La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien
representa a los ciudadanos ante el estado bajo la premisa de “Vigilar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el
interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de
intervención judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo
referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la
función pública”, he procedido a denunciar ante este organismo a los
funcionarios ARIEL RICARDO PONTON Presidente de Movistar y a su
representante legal MARTHA ELENA RUIZ DIAZ-GRANADOS en su calidad de empresa
socia del estado colombiano a través de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
La presente denuncia
se fundamenta en la dudosa actuación de estos directivos junto con el apoderado jurídico en laudo
arbitral proferido por uno de sus agentes comerciales ALIANZA CELLMOVIL S.A. EN
LIQUIDACIÓN.
OBJETIVOS Y FUNCIONES
– PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Conformada por 3.400
servidores, la Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y
presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto
Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones
encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a
través de sus tres funciones misionales principales:
La función preventiva
La función de
intervención
La función
disciplinaria
MISIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La misión de la
Entidad será la inspiradora de su actuar durante el cuatrienio 2013-2016
abarcando los siguientes elementos:
1. Legalidad: La misión debe orientar a la Entidad a controlar y
vigilar que las actuaciones de los servidores públicos y de los
particulares que ejerzan función pública estén regidas por el marco
jurídico colombiano.
2. Guarda y promoción de los derechos humanos, la defensa del interés
público y la protección del patrimonio público: Por mandato
constitucional la Procuraduría General de la Nación tiene como función proteger
los derechos humanos, los derechos colectivos y el patrimonio público.
3. Cumplimiento de los fines del Estado: Dedicar la misión de la
Entidad a la vigilancia del cumplimiento de los fines del Estado. En estos términos, se
reformula la MISIÓN de la Procuraduría de la siguiente manera: “Vigilar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el
interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de
intervención judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo
referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la
función pública.”
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Para más información, escríbanos a jorge.al.torres@gmail.com , Consulte nuestra página en Facebook y dele Me Gusta: www.facebook.com/dolotelefonica .
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La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien
representa a los ciudadanos ante el estado bajo la premisa de “Vigilar el
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los
actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el
interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones
públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de
intervención judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo
referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la
función pública”, he procedido a denunciar ante este organismo a los
funcionarios ARIEL RICARDO PONTON Presidente de Movistar y a su
representante legal MARTHA ELENA RUIZ DIAZ-GRANADOS en su calidad de empresa
socia del estado colombiano a través de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
La presente denuncia
se fundamenta en la dudosa actuación de estos directivos junto con el apoderado jurídico en laudo
arbitral proferido por uno de sus agentes comerciales ALIANZA CELLMOVIL S.A. EN
LIQUIDACIÓN.
OBJETIVOS Y FUNCIONES
– PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Conformada por 3.400
servidores, la Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y
presupuestal en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto
Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones
encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a
través de sus tres funciones misionales principales:
La función preventiva
Considerada la
principal responsabilidad de la Procuraduría que esta empeñada en “prevenir
antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir
cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello
implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades
estatales.
La función de
intervención
En su calidad de
sujeto procesal la Procuraduría General de la Nación interviene ante las
jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes
instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y
agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las
autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es
facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el
Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia
siempre que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías
fundamentales.
La función
disciplinaria
La Procuraduría
General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las
investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los
servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o
manejan dineros del estado, de conformidad con lo establecido en el Código
Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002.
MISIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La misión de la
Entidad será la inspiradora de su actuar durante el cuatrienio 2013-2016
abarcando los siguientes elementos:
1. Legalidad: La misión debe orientar a la Entidad a controlar y vigilar que las actuaciones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan función pública estén regidas por el marco jurídico colombiano.
2. Guarda y promoción de los derechos humanos, la defensa del interés público y la protección del patrimonio público: Por mandato constitucional la Procuraduría General de la Nación tiene como función proteger los derechos humanos, los derechos colectivos y el patrimonio público.
3. Cumplimiento de los fines del Estado: Dedicar la misión de la Entidad a la vigilancia del cumplimiento de los fines del Estado. En estos términos, se reformula la MISIÓN de la Procuraduría de la siguiente manera: “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de intervención judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la función pública.”
1. Legalidad: La misión debe orientar a la Entidad a controlar y vigilar que las actuaciones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan función pública estén regidas por el marco jurídico colombiano.
2. Guarda y promoción de los derechos humanos, la defensa del interés público y la protección del patrimonio público: Por mandato constitucional la Procuraduría General de la Nación tiene como función proteger los derechos humanos, los derechos colectivos y el patrimonio público.
3. Cumplimiento de los fines del Estado: Dedicar la misión de la Entidad a la vigilancia del cumplimiento de los fines del Estado. En estos términos, se reformula la MISIÓN de la Procuraduría de la siguiente manera: “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas; objetivos estos que se logran a través de actuaciones preventivas, de intervención judicial y administrativa y procesos disciplinarios; siendo referentes de eficiencia, eficacia y valoración ética en el ejercicio de la función pública.”
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